Como hemos podido ver días atrás y desde mayo, muchos menores marroquíes han saltado la frontera, o sorteado la misma con el fin de llegar a España, bajo la promesa de una vida mejor. Y es que no hay que olvidar que cuando uno lo deja todo sin tener certeza de nada allá dónde va, es por pura necesidad y más en el caso de los menores. Hablamos de las Irregularidades en las repatriaciones masivas de menores .

Estos menores conjugan varios problemas puesto que su minoría de edad, y por ende su falta de pericia y experiencia vital les hace carne de cañón, para posibles abusos.

A estos menores, el gobierno que primero les acogió, luego les repartió por la península, ahora ha decidido que les va a reintegrar a su país de origen.

Se han repatriado algo más de 800 menores, pero como reiteran las ONG, no de forma legal, ni garantista puesto que para que se pueda llevar a cabo la deportación de estos menores debe acometerse el siguiente esquema: una evaluación individualizada de cada menor, habilitar trámite de audiencias y alegaciones para el joven y recabar información sobre la familia de origen en Marruecos.

Resulta esencial que, tras la llegada al territorio, las autoridades realicen una evaluación del interés superior de cada niño y niña para determinar cuál es la solución duradera que mejor responde sus necesidades y su bienestar, los menores que tengan entre 16 y 18 años podrán ser parte activa en este procedimiento de devolución, mientras que los menores de 16 deberán hacerlo mediante un representante legal. En ningún caso, podría llevarse a cabo una expulsión colectiva y, sobre todo, si se desarrolla contra la voluntad del propio niño, niña o adolescente.

Irregularidades en las repatriaciones masivas de menores .

El efecto llamada para que los menores se fuguen de los recursos asistenciales en los que se encuentran, pues este tipo de sucesos generan además mucho nerviosismo y ansiedad a los niños y niñas migrantes, pudiendo provocar que huyan de los centros en los que se encuentran, lo que aumenta su vulnerabilidad, lo cual iría en contra de cualquier precepto de derecho internacional o de protección al menor.

Desde Amnistía Internacional han pedido al Ministerio del Interior que «paralice estas devoluciones hasta que cada expediente haya sido revisado por la Fiscalía de Menores y asegure que se ha actuado de conformidad al interés superior de los niños y niñas». La ONG recuerda que es «obligación de la Ciudad Autónoma de Ceuta proteger los derechos de los menores que se encuentran en su territorio».

Así pues en conclusión deberíamos valorar cada caso de forma individualizada, garantizar que el retorno es seguro, si es posible la reagrupación familiar, si la familia puede proporcionar el cuidado apropiado, o en ausencia de familia, si el menor puede acogerse en condiciones adecuadas a los servicios sociales del país al que es enviada. En todos los casos, debe respetarse el derecho de los y las menores a ser informados en un idioma que conozcan y de manera comprensible, a contar con asistencia letrada, y a ser escuchados en los procedimientos que les afectan, sino seríamos casi peor que de los lugares que huyeron buscando un futuro mejor, pues no hay que olvidar que son niños, vengan de donde vengan.

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